El fiscal rebaja en casi la mitad la petición de pena para los acusados del macrojuicio

MADRID.- El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina ha rebajado en casi la mitad la petición total de condena para los 53 acusados de integrar los aparatos político, financiero y social de ETA, e, incluso, a uno de ellos -José Ignacio Uruñuela- le retiró la acusación, aunque para otro solicitó más pena.

Tras más de 17 meses de macrojuicio, el más largo que ha celebrado en su historia la Audiencia Nacional, Molina modificó sus conclusiones provisionales con una considerable rebaja de las penas reclamadas. Pide ahora penas de entre 4 a 19 años, cuando antes exigía penas de entre 10 a 51.

Los máximos beneficiados, además de Uruñuela, son el ex dirigente de KAS Xabier Alegria, para el que antes pedía 51 años de cárcel y ahora solicita 13, José Luis Elkoro (de 48 a 19) y Francisco Murga (de 49 a 19).

* En concreto, el fiscal rebajo de 51 a 13 años de prisión su solicitud de prisión para Xabier Alegría, considerado el enlace de ETA con las distintas organizaciones presentes en la causa. Se le imputa los delitos de integración, continuado falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales e insolvencia punible. Inicialmente, se le acusaba de integración, cuatro delitos contra la Seguridad Social, cuatro contra la Hacienda Pública, de contabilidad y falsedad documental.
* También rebajó la pena de 48 a 19 años de cárcel al ex miembro de la Mesa Nacional de HB José Luis Elkoro y al ex consejero de Orain Francisco Murga, quienes se enfrentan ahora a la mayor pena por los delitos de colaboración, dos contra la seguridad social, uno de falseamiento y otro de insolvencia punible. Se les retira así el delito de integración y varios delitos contra la Hacienda Pública.
* Al abogado Txema Matanzas, el fiscal le rebaja la pena de 15 a 9 años de cárcel por integración en organización terrorista. El fiscal. Modifica también de 19 a 13 años su petición de condena para el máximo responsable de KAS y ex parlamentario vasco, José Antonio Etxebarria.
* También baja su solicitud de prisión de 14 a 11 años de cárcel para la ex directiva de AEJ María Teresa Mendiburu, así como de 15 a 9 años de prisión para la ex miembro de Xaki Elena Beloki y de 16 a 11 años de cárcel a al ex administrador de Erigane Javier Otero Chasco.
* Asimismo, Molina modificó su petición de condena de 16 a 11 años de cárcel para el ex parlamentario de HB Pablo Gorostiaga y de 19 a 11 años de prisión para el ex concejal de HB en San Sebastián Carlos Trenor. También bajó de 10 a 7 años de cárcel su petición de pena para la miembro de la Fundación Joxemi Zumalabe Olatz Altuna.
* Esta misma condena la pide para los procesados Juan Pablo Diéguez Gómez, José Antonio Díez, Oiakua Robles, Marta Pérez Echeandíaez Urrutia Inmaculada Berriozábal, Mario Subyaga, Alberto Frías Gil. A todos ellos se les solicitaba inicialmente 12 años de cárcel.

Molina expondrá su informe el próximo 19 de febrero en las dependencias de la Audiencia Nacional ubicadas en la calle de Génova, en Madrid, puesto que el día 15 comenzará en las instalaciones de este tribunal en la Casa de Campo el juicio por los atentados del 11-M. Los acusados del sumario 18/98 podrán ausentarse si lo desean del resto de las sesiones de la vista oral.
Los delitos económicos, clave en la reducción de la pena

El tribunal ha concluido a primera hora de la mañana y de manera rápida la última fase de prueba, con la escucha de las últimas cintas con intervenciones telefónicas. A continuación, los magistrados Angela Murillo, Nicolás Poveda y Luis Martínez de Salinas han preguntado a las acusaciones si mantienen las conclusiones que formularon con carácter provisional antes del inicio del juicio. Además de la Fiscalía, que ha modificado sus peticiones, ejerce la acusación popular la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que expone sus conclusiones después del fiscal y antes de que lo hagan las defensas.

Las acusaciones incluyen dos bloques de delitos: los terroristas (pertenencia o colaboración con una organización terrorista) y los económicos (contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falseamiento de la contabilidad e insolvencia punible).

Según informaba Manuel Marraco en EL MUNDO, sí estaban previstas modificaciones en este último apartado que reducirían -en algunos casos de manera sustancial- las peticiones de condena para algunos acusados.

Según fuentes de la Audiencia, de las intervenciones de los peritos en el juicio se comprobó la dificultad de mantener todas las acusaciones por delitos contra la Seguridad Social y contra Hacienda, que se extendían al menos a cuatro ejercicios fiscales. Estas acusaciones estaban relacionadas con la actividad del diario Egin y su editora, Orain.