Un responsable de Renfe declaró ayer en el juicio que tras el intento de ETA de atentar contra la estación de Chamartín en diciembre de 2003, la empresa aumentó las medidas de seguridad. Entre éstas figuraban incrementar los controles de los trenes y de las matrículas de vehículos, así como los efectivos dedicados a estas tareas. Antes, desde los atentados del 11-S, Renfe se había propuesto, además, dotar de sistemas de grabación a todas las cámaras existentes (algo que, según explicó, sólo era una realidad entonces en las estaciones de Atocha y Chamartín). Del centenar de estaciones de cercanías existentes en la Comunidad de Madrid, añadió, la mayoría aún no tenían sistemas de grabación dos años y medio después, en la fecha de los atentados de Madrid. Tampoco la de Alcalá de Henares (donde presuntamente se subieron a los trenes los terroristas que colocaron las bolsas-bomba). De ahí que aunque existiesen cámaras que grababan, por ejemplo, el aparcamiento, no existan imágenes guardadas del trasiego de personas la mañana del 11-M.
Según explicó el directivo, en Alcalá «había cámaras de sistemas auxiliares y circulación, no del servicio de seguridad», con las que los técnicos de Renfe controlaban las vías y ordenaban el tráfico de los trenes. El testigo, ex coronel de la Guardia Civil, contó que en la fecha de los atentados la mayoría de los trenes se revisaban al comenzar y al terminar el servicio, al margen de las tareas de limpieza que se efectuaban de forma ocasional, supervisadas también por vigilantes.
LA RAZON.
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