CASO 11-M

11-M: La hora de la verdad

En apariencia es una simple bolsa de deporte de loneta de color azul marino con asas de cuero marrón, pero en realidad es la prueba clave de un juicio histórico, el que intentará clarificar a partir del próximo 15 de febrero la verdad sobre los atentados del 11-M. En ella, la Policía halló en las primeras horas del 12 de marzo de 2004 la bomba número 13, la única que pudo ser desactivada, gracias a lo cual los investigadores recuperaron el teléfono móvil que aportó las primeras pistas sobre los autores materiales de la masacre y permitió las primeras detenciones. Casi tres años después, la que entonces fue pieza clave de las pesquisas se ha convertido ahora en el talón de Aquiles del macro sumario. Así lo reconocen a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación judicial, que apuntan que las penas de muchos de los 29 procesados dependerán, precisamente, de que el Ministerio Fiscal demuestre su plena validez o de que las defensas consigan su nulidad por errores de forma.

Durante la instrucción del sumario ya fue puesta en duda por los partidarios de la llamada teoría de la conspiración, que aseguraban que esta mochila no era la misma que se recuperó entre los restos del tren que estalló en la estación de El Pozo, sino que alguien la puso allí para orientar las pesquisas hacia los islamistas luego detenidos y desviar la atención de los verdaderos autores. Su principal testimonio fue entonces el de un policía, el inspector jefe Miguel Ángel Álvarez, encargado el día del atentado de la custodia de los objetos recuperados entre los restos de aquel tren. El agente levantó en marzo de 2006, dos años después de los atentados, una enorme polvareda mediática al asegurar que la mochila bomba que se desactivó no era la misma que él había visto en la estación. Las declaraciones del inspector jefe -al que el Ministerio del Interior acusó entonces de haber actuado en venganza por no haber recibido una medalla por su actuación el 11-M obligaron entonces al juez Juan del Olmo a iniciar una investigación detallada para conocer si durante el traslado de la mochila de la estación de El Pozo a la comisaría de Vallecas, de allí a las instalaciones del Ifema y vuelta a las dependencias policiales, se había roto la cadena de custodia.

Tanto el magistrado como la fiscal del caso, Olga Sánchez, concluyeron que esto no había ocurrido, pero no piensan igual las defensas. En especial la de uno de los presuntos autores materiales, el marroquí Jamal Zougam, dueño del locutorio donde precisamente se vendió la tarjeta encontrada en el teléfono móvil hallado en la mochila bomba. De hecho, su abogado, José Abascal, centrará gran parte de su defensa precisamente en intentar demostrar que “nadie puede asegurar, y mucho menos demostrar, que estuviese en el tren”. En su opinión, la cadena de custodia de los objetos recuperados en la estación de El Pozo se rompió “al menos durante cinco horas”. El testimonio del policía Miguel Ángel Álvarez será una de sus bazas, pero no la única.

También utilizará la declaración de un vigilante jurado que asegura que dos días después de los atentados tuvo que pedir que se recogieran unos efectos que se habían quedado allí olvidados, lo que en su opinión demuestra “que la cadena de custodia estaba rota por varios sitios”. Además, la defensa de Jamal Zougam se apoyará en el hecho de que ni los TEDAX que inspeccionaron el tren en el que supuestamente estaba la mochila bomba la vieron ni los perros detectores de explosivos que estuvieron trabajando en la zona y, posteriormente, en el recinto del Ifema donde fue llevada la bolsa consiguieron detectar la presencia del artefacto “a pesar de estar compuesto nada más y nada menos que por diez kilos de Goma 2 ECO”.

La defensa de Jamal Zougam ha encargado, incluso, un informe a expertos en explosivos que, únicamente con los datos que obran en el sumario, aventuran que la bomba que contenía la bolsa de deportes no se parecía en nada a las que estallaron en los trenes, entre otros elementos, porque ésta tenía metralla mientras que deducen que en las otras explosiones no hubo ni rastro de tornillos y clavos. También sostienen que las otras doce bombas no estaban compuestas de Goma 2 ECO como ésta. Para ello se apoyan en el grado de destrucción de los vagones, en el tipo de lesiones sufridas por las víctimas y en la presencia de un supuesto olor azufre en los lugares de los atentados, que no se corresponde con la dinamita asturiana.

Sin embargo, la investigación judicial y policial rebate todas estas afirmaciones. Sobre el inspector jefe citado, la Fiscalía asegura que no pudo identificar la mochila bomba porque nunca la vio, ya que cuando fue descubierta, en la madrugada del 12 de marzo, el policía se había retirado a su casa a descansar. Además, el juez -después de interrogar a decenas de policías nacionales y municipales que vigilaron las bolsas de El Pozo en sus diferentes traslados, así como a numerosos empleados de los servicios de limpieza del Ayuntamiento que colaboraron en la recogida de los objetos- concluye en uno de sus autos que nadie pudo colar la mochila bomba tras las explosiones, como sugiere la defensa, ya que la cadena de custodia está “no solo aclarada y precisada, sino preservada”.

Los informes policiales y forenses presentes en el sumario también refutan la teoría de que el artefacto de esta mochila bomba era completamente distinto a los que sí estallaron. En el caso de la supuesta ausencia de metralla en éstas frente a los más de 600 gramos de tornillería hallados en la desactivada, insisten en que centenares de víctimas tenían metralla en sus cuerpos y que la empresa fabricante de los trenes también halló, cuando realizó un estudio sobre los mismos a instancias del juez instructor, restos de clavos e impactos de los mismos en la estructura y en los asientos de los vagones afectados por las bombas. Los especialistas en desactivación de explosivos, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, también afirman en sus informes que sí se encontraron restos de metralla en los focos de las deflagraciones.

Sobre la naturaleza del explosivo, las fuentes judiciales y policiales consultadas por este diario recalcan que la utilización de la Goma 2 ECO en los atentados ya ha sido probada judicialmente con sentencia firme: la que condenó al único menor implicado en los hechos, El Gitanillo, precisamente por traer desde Asturias a Madrid 20 kilos de esta sustancia para entregársela a Jamal Ahmidad, El Chino, presunto jefe operativo del grupo islamista y uno de los siete terroristas que se suicidaron en el piso de Leganés. Además, las mismas fuentes insisten en que el sumario está plagado de indicios y pruebas en el mismo sentido. Así, destacan que la Goma 2 ECO fue el explosivo del que estaba compuesta la bomba que los islamistas colocaron en las vías del AVE Madrid-Sevilla el 2 de abril de 2004 y el que hicieron detonar los componentes de la célula integrista para quitarse la vida un día después. De hecho, entre los escombros del piso de Leganés se encontraron envoltorios y cartuchos sin estallar.

Un informe para salir de dudas

Además, recalcan que también se encontraron restos del mismo explosivo en la Renault Kangoo que utilizaron los terroristas para llegar a la estación de tren de Alcalá de Henares y a la finca de Morata de Tajuña donde montaron los artefactos. Sin olvidar los datos que obran en la investigación sobre la venta de la red asturiana de al menos dos centenares de Goma 2 ECO a los islamistas. No obstante, los magistrados de la Sala consideran que el sumario no clarifica de modo definitivo el tipo concreto de explosivos que estalló en los trenes ni en los dos artefactos que detonaron los TEDAX en las estaciones de Atocha y El Pozo.

Por ello, el Tribunal -integrado por los jueces Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás- ha decidido centrar gran parte de sus esfuerzos en resolver por anticipado las dudas planteadas durante la instrucción relativas a la mochila bomba y al explosivo. Así, aceptó el testimonio de los etarras Henri Parot, Gorka Vidal e Izkur Badillo -estos dos últimos, integrantes de la llamada caravana de la muerte interceptada el 29 de febrero de 2004 cuando se dirigía a Madrid- y encargó un nuevo análisis de los explosivos utilizados en la masacre, cuyo resultado deberá estar a disposición de la Sala antes del 13 de febrero, dos días antes del inicio del juicio. Esta prueba había sido pedida, precisamente, por la defensa de Zougam, así como por los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, ambas también defensoras de la teoría de la conspiración durante la instrucción del sumario.

En la prueba están participando dos expertos de la Policía y de la Guardia Civil y uno de cada una de las partes que ha solicitado la prueba, más otro por el resto de las acusaciones personadas en la causa. Además, se está grabando en vídeo por, al menos, dos cámaras, y el secretario judicial debe custodiar las cintas para que no se puedan manipular. Todo un cúmulo de medidas de seguridad con las que los tres magistrados de que juzgarán el 11-M pretenden borrar de una vez por todas las dudas sobre la célebre bolsa de deporte de loneta de color azul marino con asas de cuero marrón que llevaba la bomba número 13. Si lo consiguen, uno de sus componentes ha reconocido en privado que el juicio aclarará “el noventa por ciento” de lo que pasó aquel 11 de marzo de 2006, incluido “el noventa y nueve por ciento” de lo puesto en duda por las informaciones periodísticas que sustentan la teoría de la conspiración.

EL CONFIDENCIAL