Puede que sólo se trate de casos aislados. O puede que realmente se haya desencadenado el efecto dominó que algunos temían tras la decisión del Gobierno de Zapatero de conceder prisión atenuada al terrorista Iñaki de Juana Chaos. Lo que es cierto es que, a día de hoy, veinte reclusos comunes de tres cárceles españolas se han puesto ya en huelga de hambre para protestar en contra de las medidas tomadas en favor del etarra. Y es probable que la cifra no se pare ahí. El pasado sábado, por ejemplo, un grupo de diez internos de la prisión de Castellón pidió ser tratado igual que De Juana. Los convictos rechazaron aquel día una comida y permanecieron durante un tiempo sin subir a sus celdas, aunque el incidente no fue a mayores.
Aunque la decisión gubernamental del pasado jueves ha contribuido a agravar la situación, ya el pasado 22 de febrero, y tras conocer la decisión del Tribunal Supremo que rebajaba de 12 a tres años la condena de De Juana, tres internos de la cárcel segoviana de Perogordo, dos vinculados a la extrema derecha -y que cumplen tres años de pena por tenencia ilícita de armas- y un tercero sin adscripción política decidieron emular al etarra en protesta por la decisión del Alto Tribunal, que consideraban completamente injusta y un agravio comparativo respecto al resto de los reclusos.
Dos presos más
A este trío se han unido en los últimos días otros dos internos, según han confirmado a este periódico fuentes del citado establecimiento penitenciario.
También son cinco los presos de la prisión coruñesa de Teixeiro los que llevan varios días de ayuno voluntario confiados en que la medida de presión surta el mismo efecto que para De Juana. Uno de ellos, según han explicado fuentes penitenciarias, lleva ya varias semanas de protesta.
A esta decena de internos se van a unir otros tantos hoy en la cárcel almeriense de El Acebuche, tal y como anunció el pasado viernes su abogado, José Ramón Cantalejo, que advirtió de que, no obstante, intentará hacer cambiar de opinión a los reclusos. La decisión sobre De Juana ha afectado de modo muy especial a uno de ellos, que, según Cantalejo, cuenta en su expediente con unos informes psiquíatricos «tremendos» que avalan que sufre una fuerte depresión derivada de la privación de libertad y de su adicción a sustancias estupefacientes.
En los centros madrileños de Aranjuez y Valdemoro, así como en varios andaluces, grupos de reclusos también se han planteado seguir los pasos del etarra, según han informado las fuentes consultadas, aunque, por el momento, las amenazas, como en el caso de Castellón, no han ido a más.
«Los presos están muy “quemados” porque no entienden la medida. Ellos no hacen análisis políticos. Su único razonamiento es que, hasta ahora, De Juana era un preso más, con los mismos derechos que el resto. Pero la decisión del Gobierno ha alterado a sus ojos esa situación y no entienden el agravio comparativo», explicaban fuentes del sector a finales de la semana pasada, abundando en los argumentos esgrimidos por los presos encerrados en Segovia para ponerse en huelga de hambre.
El sindicato CSI-CSIF, uno de los más importantes del sector, también ha venido alertando durante la última semana del «mal ambiente» y la «tensión» imperante en las cárceles españolas desde que el Gobierno hizo públicas las medidas adoptadas para atenuar la prisión de De Juana. «Los presos piensan que si se ponen en huelga de hambre, hacen dieta y adelgazan treinta kilos, como De Juana Chaos, conseguirán que se les aplique también el artículo 100 del reglamento penitenciario», ha explicado José Ramón García, secretario general de esta organización.
Los que, por el momento, parecen haber asimilado mejor todo lo ocurrido en torno a De Juana son sus propios compañeros terroristas. A día de hoy, no se han dado nuevos casos de reclusos de la banda que hayan decidido seguir sus pasos para conseguir los mismos beneficios. La propia directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en una entrevista concedida ayer a la agencia Efe, decía no tener constancia de caso alguno. «Insisto en que se trataba [la huelga de hambre de De Juana] de una acción tomada individualmente por una persona», afirmó.
Decisión correcta
Gallizo reiteró que «en esta situación, si el Gobierno hubiese sido de otro signo, hubiera tomado la misma decisión». «Dudo muchísimo de que alguien sentado en mi silla o en la silla del ministro [del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba] hubiese dicho: no me importa que esta persona se muera», señala Gallizo, quien insistió en que la protesta de De Juana era «una medida individual, no de una organización» y en que el Gobierno «tenía la obligación legal y moral de tratar de salvar su vida».
LA RAZON
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