El Gobierno cede al chantaje de De Juana, que cumplirá condena en su casa

El etarra fue trasladado a un hospital de San Sebastián, antesala de su domicilio - Rubalcaba asume en primera persona la concesión de la «prisión atenuada» por razones «humanitarias» - El voto del director de la prisión de Aranjuez fue decisivo

Madrid- Dice el Gobierno que hay razones «legales y humanitarias». Las hay, seguro. Pero sobre todo son políticas. La decisión de trasladar al etarra De Juana Chaos al País Vasco para que cumpla lo que le queda de condena en su casa no se ha tomado por «compasión» , ni porque le asista ningún derecho, sino porque Zapatero sigue empeñado en mantener abierta la puerta de la negociación con ETA, porque no desea que una hipotética muerte del sanguinario etarra desate una cadena de atentados que sume a la historia de la banda nuevos muertos.
Y, eso, lo llamen como lo llamen, y se amparen en el reglamento que se amparen, es una cesión. Porque por razones humanitarias y para evitar su muerte ya se le administraba alimentación mediante sonda nasogástrica. Y porque ese mismo reglamento que invocan para justificar la salida del etarra tiene también artículos para denegarle cualquier privilegio. Basta esgrimir que nunca ha condenado sus crímentes, basta recordar que nunca colaboró con la Justicia, basta certificar que aún pertenece a una banda armada, basta con echar un vistazo a su pasado penitenciario...
El caso es que De Juana Chaos, el etarra en huelga de hambre desde hace 115 días, ha ganado el pulso que mantenía con el Estado, pues el Gobierno ha decidido que cumpla el resto de su condena en casa. Por el momento, ayer fue trasladado del hospital Doce de Octubre de Madrid al centro sanitario Donostia de San Sebastián, donde recibirá cuidados médicos hasta su total restablecimiento. Una vez en su domicilio, seguirá controlado policialmente. La polémica medida responde a las exigencias de la hoy llamada izquierda abertzale, ayer Batasuna.
El etarra, autor de 25 asesinatos, cumplía una condena de tres años por amenazas y enaltecimiento del terrorismo. Pero el Gobierno le ha concedido la «prisión atenuada», según dice, por «razones legales y humanitarias». La decisión la tomó la noche del miércoles la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, pero la asumió ayer en primera persona el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en lo que sonó a estrategia política para preservar de la polémica al presidente del Gobierno y asumir en solitario las consecuencias. Lo hizo con una intervención muy medida, en la que esgrimió las razones que le llevaron a hacerlo.
Y enumeró varias. Una, que los informes médicos pronosticaban la muerte «en pocas semanas» por la huelga de hambre. Dos, que se ajusta plenamente a derecho, puesto que la Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez, de la que dependía el recluso, le ha clasificado en segundo grado y le ha aplicado el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, el que permite la prisión atenuada. Eso sí, la decisión de sus ocho miembros no fue ni mucho menos unánime. Cuatro votaron en contra y cuatro a favor, así que fue el director de la prisión el que deshizo el empate con su voto de calidad. Tercera razón, que la medida cuenta con el informe favorable de la Fiscalía y la aprobación del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Y cuarta, por razones «humanitarias» y por el «mandato constitucional» para preservar la vida de quienes están en prisión.
«Riesgo alto»
Luego dijo que el riesgo para la vida del preso actual era «muy alto» y el de que tuviera secuelas permanentes «aún mayor». El ministro insistía en su «grave estado de salud» y en la necesidad y obligación de «evitar su fallecimiento». «He meditado cuidadosamete las consecuencias de la decisión y también sobre lo que hubiera podido pasar si no lo hubiera hecho. El Estado tiene que ser firme y a la vez inteligente, y este Estado es firme y está actuando de forma inteligente», subrayó.
Rubalcaba hizo hincapié en que se trata de una «prisión atenuada», no de una excarcelación, ni una libertad condicional, puesto que al preso «se le aplicarán medidas específicas de seguimiento y control». Y también enfatizó que De Juana cumple una pena de tres años por delitos de amenazas, y no por los asesinatos cometidos. De no haber sido así, ya avanzó que no hubiera tomado la misma decisión. En todo caso, admitió ser consciente de que muchos ciudadanos creen que el etarra no merece este tipo de tratamiento, porque «él no tuvo piedad de sus víctimas» y «no les falta razón». Añadió, a renglón seguido, que «una de las diferencias entre los terroristas y los que no somos es que a nosotros nos importa la vida, la de todas las personas, sean o no terroristas». El ministro había comunicado antes a los grupos parlamentarios su decisión. Todos, menos el PP, le dieron su apoyo. Y por eso a éste quiso recordar que «las mismas razones humanitarias» que se aplican a De Juana han estado presentes en no menos de 20 casos en los que se aplicaron con Gobiernos del PP medidas penitenciarias equivalentes a las de hoy. Ninguno estaba en huelga de hambre. De eso se olvidó.

LA RAZON.