ETA ha usado en sus «comandos» a decenas de concejales de las «marcas» de Batasuna

La presencia de las «marcas» de ETA en los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra ha supuesto un elemento más de la estrategia de terror de la banda terrorista y siempre ha desmentido el argumento nacionalista y, según el momento, también socialista, de que buscar un cauce político a la llamada izquierda «abertzale» ayudaba a evitar que se echasen al monte. Al contrario, para lo que ha servido es para favorecer la continuidad del terrorismo en perjuicio, además, de los derechos de los no nacionalistas.
Como prueba están los datos policiales sobre las decenas de concejales en ejercicio y antiguos ediles de Batasuna, HB o EH enrolados directamente en los «comandos» de ETA o colaborando con ellos en sus acciones criminales, señalando objetivos, proporcionándoles refugio y escondiendo arsenales en sus casas. Pero también han sido numerosas las agresiones directas y las amenazas a los concejales demócratas, los homenajes tributados a los etarras en los ayuntamientos, sin olvidar la financiación encubierta de las actividades criminales o propagandísticas de ETA con dinero público y la colocación como empleados municipales de miembros de la banda terrorista.
Advertencia del Grupo Popular
En su política de oposición al «proceso», en las últimas semanas el PP ha venido introduciendo en su discurso distintas advertencias sobre lo que podría suponer la vuelta de Batasuna-ETA a las instituciones y dirigentes como el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, han pronosticado que si Batasuna se presentaba con la careta que fuera a las elecciones del 27-M, volvería a utilizar los ayuntamientos para financiar a ETA y para fijar futuros objetivos a la banda.
La historia de colaboración de ésta con sus distintas «marcas» políticas viene de lejos y está perfectamente documentada por las Fuerzas de Seguridad del Estado. El Grupo Popular la ha recogido en un informe sobre el que fundamenta su discurso político y su defensa, que Rajoy trasladó por teléfono a Rodríguez Zapatero, de la ilegalización de ANV.
Ya en 1988, vigente la doctrina que distinguía entre ETA y su «brazo político», aparecieron las primeras denuncias contra HB por actividades como colocar carteles con las fotografías de concejales socialistas en los que se les amenazaba y se les exigía que se fueran del País Vasco por no saber euskera. El 25 de abril de 1988 la Guardia Civil detenía en Guipúzcoa al ex concejal de HB Agustín Celihueta Almazán por su presunta vinculación con ETA, para quien realizaba labores de «correo» entre los miembros de la organización terrorista que residían en Francia y los «comandos» del País Vasco.
Los casos se fueron multiplicando: denuncias contra alcaldes de HB por alentar y participar en actos vandálicos; acuerdos municipales promovidos por los concejales batasunos para nombrar a etarras como hijos predilectos del pueblo; daños en instalaciones públicas causados por sus cargos públicos, como en el asilo de Hernani para impedir que actuase en él la banda de música de la Ertzaintza; denuncias del PSE por la participación de concejales «abertzales» en agresiones a sus sedes; infiltración en el grupo municipal de personas como Javier Balerdi Ibarguren, a quien la Policía llegó a imputar la participación en cinco asesinatos terroristas; o suministro de información de posibles objetivos a ETA, como ocurrió con Patxi Xavier Añorga, concejal de HB en la localidad guipuzcoana de Usurbil.

LA RAZON.