La AVT dice que no está claro que el 11-M fuera obra de un grupo terrorista

La acusación popular AVT asegura en sus conclusiones definitivas que durante las más de 300 horas de juicio oral no se ha podido demostrar que la matanza de Madrid respondiera a los «designios de una organización terrorista», mientras que lo que sí ha quedado acreditado es que «gran parte de los imputados en este procedimiento eran personas que de una u otra forma» colaboraban con diferentes fuerzas policiales. Naturalmente, la AVT no se atreve a hacer acusaciones directas pero tampoco se priva, en consonancia con su actitud en el juicio, más propia de una defensa que de una acusación, de lanzar la sombra de la sospecha sobre agentes de la Policía y la Guardia Civil.
Tampoco se sabe, dice esta acusación, qué es lo que estalló en los trenes, aunque se inclina por titadyne. Coincide en este punto con Ayuda a las Víctimas del 11-M, si bien esta acusación habla de una combinación con Goma 2 ECO.
Otra sorpresa que ha deparado el escrito de la AVT es la retirada de la acusación contra seis procesados, cuatro de ellos de la trama asturiana (todos menos Emilio Suárez Trashorras, Antonio y Carmen Toro, Emilio Llano y Raúl González) y los dos sobrinos de Youssef Belhadj (los hermanos Brahim y Mohamed Moussaten). El letrado Emilio Murcia argumenta que durante la práctica de la pericial y los interrogatorios a los mandos policiales se ha puesto de manifiesto «la ausencia de un efectivo control sobre los materiales hallados en los focos, así como la custodia que se ha realizado sobre ellos, lo cual ha dado lugar al desarrollo de diferentes teorías sobre lo que explotó».
Al margen de las penas solicitadas para los procesados, lo que resulta más llamativo, por sus modificaciones sustanciales, es que Ayuda a las Víctimas es la que elabora un escrito más crítico con la instrucción y desarrollo del juicio. Esta asociación pide que se deduzca testimonio contra nueve personas, todas ellas, excepto una (la mujer de El Chino), miembros de las Fuerzas de Seguridad. Entre ellos están el jefe de los Tedax el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, y la jefa de laboratorio (por la recogida y custodia de las muestras), los jefes de la UCAO y UCI Enrique García Castaño y José Cabanillas, respectivamente (por el caso Díaz de Mera) o el coronel Hernando y el alférez Víctor (controlador de Zouhier).
Respecto a la «mochila 13», y pese a que hasta seis agentes avalaron en el juicio la cadena de custodia, Ayuda a las Víctimas sigue cuestionando que la mochila saliera de uno de los focos de las explosiones, aunque tampoco ofrece otra alternativa a su hallazgo en la comisaría de Vallecas. Por último, señala que «el número de informes que relacionan a ETA con los autores de los atentados del 11-M y que han sido ocultados o manipulados no se termina con el informe del ácido bórico». Tampoco se han investigado, dice, «las incómodas consecuencias del hallazgo de un temporizador ST, es decir, de los que utiliza sólo ETA», en el local de Virgen del Coro.

ABC